Fue en la región de Cambridge, en Inglaterra. La policía lo calificó como un "incidente mayor", pero no habla por ahora de terrorismo.

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El diputado y exministro de Planificación Federal Julio De Vido requirió este martes a la Cámara de Casación la suspensión del pedido de desafuero y detención en su contra, en el marco de la causa por la presunta malversación de fondos públicos a través de Yacimiento Carbonífero Río Turbio.
Según informó NA, los abogados de De Vido, Maxiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, apelaron el fallo de la Sala II de la Cámara Federal que indicaba al juez federal Luis Rodríguez el pedido de quita de fueros al diputado para su inmediata detención.
La defensa del hombre de 67 años espera que el pedido de Rodríguez a la Cámara de Diputados sea invalidado. En la misma, el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, citará a una el martes 24 para dar dictamen favorable y así poder votar el expediente al día siguiente en el recinto.
Los defensores del exministro afirmaron que la orden de la Cámara Federal "se encuentra a las claras motivada por objetivos políticos que se han infiltrado en nuestro sistema de justicia, vaciándolo de objetividad y razonabilidad, todo lo cual genera un daño irreparable a la justicia argentina".
En un comunicado dado a conocer en las últimas horas, se sostiene que De Vido se encuentra a derecho y que ha respetado "a rajatabla" la prohibición de salida del país que semanas atrás le fijó el Juzgado.
Mientras tanto, el juez Rodríguez pidió este martes en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, "el desafuero del diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Julio Miguel De Vido en los términos del artículo 1 de la Ley 25.320 con el objeto de proceder a su detención y recibirle declaración indagatoria".
La investigación en la que está involucrado De Vido es por malversación de fondos públicos para distintas obras en Río Turbio en orden a los 26 mil millones de pesos entre los años 2006 y 2016, y se calcula que hubo un desvío de 265 millones hacia otros fines de los previstos.

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