La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Los trabajadores de la ANSES se encuentran con un presente muy complejo y un futuro incierto: denunciaron el despido de 10 personas y temen que no se renueven más de 600 contratos que vencen a fines de noviembre. Por esto, decidieron llevar adelante asambleas que, tras la falta de respuesta, podrían escalar hacia medidas de fuerza mayores.
Entre los "nuevos" despedidos, hay sólo personal raso que se desempeñaba en diferentes sedes de Córdoba, Río Gallegos, el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los ceses comenzaron en marzo de 2016, cuando la administración removió de la entidad a los empleados que tenían alguna identificación política con la agrupación kirchnerista, "La Cámpora". Sin embargo, con el pasar de los meses, avanzaron los despidos afectando también a aquellos que contaban con una larga trayectoria en el organismo y que no respondían a ninguna agrupación política.
En ese contexto, Soledad Alonso, del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (CASFPI), aseguró que, en lo que va de la gestión da Mauricio Macri, fueron al menos 300 los trabajadores despedidos.
"Ahora han iniciado una nueva etapa de despidos a cuenta gotas. Ya van 10 en los últimos días", manifestó Alonso, en medio de la asamblea que se estaba llevando a cabo una sede porteña de la ANSES. La sindicalista señaló que, si bien en 2016 hubo despidos de personal jerárquico sólo por motivación política, luego vinieron cesantías "sin ningún tipo de causa" que dejaron fuera del organismo a más trabajadores.
Ahora, la CASFPI se sumó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Asociación Personal de los Organismos de Control (APOC) para iniciar medidas de concientización social sobre lo que está pasando en las esferas del organismo previsional.
"Nos aproximamos a una medida de fuerza mayor", anticipó Alonso antes de expresar el temor de los trabajadores porque a fines de noviembre vencen unos 600 contratos a plazo fijo y reina la incertidumbre sobre si serán renovados.
Por este motivo, la CASFPI le envió una carta abierta al director ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso, para cuestionar los "despidos" pero también para condenar los "cambios en el régimen previsional" que impulsa el Gobierno, como por ejemplo cambiar la fórmula de actualización del ajuste jubilatorio.
En ese comunicado, el gremio denuncia que los despidos en el interior del país se están generando porque hay "patrones de estancia" con poder político que toman definiciones sobre las Unidades de Atención Integral de ANSES.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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