La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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A casi un año de la desaparición de Claudia Ferro, la causa que investiga el misterioso hecho dio un giro: Alicia Iermini, Jueza de Instrucción Nª21, tomó las riendas del caso y ordenó desalojar los 3 usurpadores que residían en la vivienda de la animadora de fiestas y allanar la casa en busca de un cuerpo.
La mujer falta de su hogar, ubicado en calle Corvalán 489, Villa Luro, desde diciembre de 2016. Los individuos que ocupaban su casa (una muchacha de origen venezolano, un hombre peruano y un joven rosarino) argumentaron que la desaparecida les "vendió la casa" y les pidió que cuidaran de sus perros.
En palabras de Leo, uno de los vecinos de Claudia, "hay una versión de que hay una pared que(los usurpadores) tiraron abajo y la volvieron a levantar, medio raro". De acuerdo a sus dichos, los vecinos escucharon ruidos de construcción por las noches, coincidiendo con el humo de una sugerente fogata, justo una semana después de la desaparición de la mujer.
Debido a este cambio en la dirección de la causa, la jueza solicitó cooperación a la Superintendencia de Investigaciones Cientificas, a los Bomberos y al grupo Especial de Perros Rastreadores K9, con el objeto de establecer si en la vivienda se encuentra el cuerpo de Claudia Alicia Ferro. Además, Iermini ordenó identificar y aislar a los ex ocupas.
El allanamiento, que inició a las 17 horas y aún continúa, se suma a otro ya realizado en la vivienda de Ariel, amigo personal de Claudia, justo cruzando la calle. "Ella le dejaba las llaves a Ariel, él le cuidaba los perros y demás" declaró nuevamente el vecino.
Sin embargo, hubo un evento que transformó todo: según este hombre, cuando Ferro regresó de Chivilcoy con los ocupantes de su vivienda, al tiempo desapareció y, Ariel inició su desesperada búsqueda. Tiempo después, fue perseguido, razón por la que se asustó y dejó de ir a declarar en la causa.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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