Según confirmaron medios locales, el jueves la Asamblea Legislativa Plurinacional propondrá a la Justicia un juicio contra una veintena de ex autoridades políticas bolivianas por la aprobación del decreto 4.078.

Dicho decreto eximía de responsabilidades penales a militares y policías por las 36 muertes y los casi 500 heridos de Sacaba y Senkata ocurridos en noviembre del año pasado y por la compra de gases lacrimógenos.

Entre las autoridades que están en la mira, se encuentra la ex presidenta de facto Jeanine Áñez, su gabinete, policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

A saber, algunos de ellos: Karen Longaric, ministra de Relaciones Exteriores; Yerko Núñez, ministro de la Presidencia; Arturo Murillo, ministro de Gobierno; Fernando López, ministro de Defensa; Álvaro Coimbra, ministro de Justicia; Rodrigo Guzmán, ministro de Energías; María Elva Pinckert, ministra de Medio Ambiente y Oscar Ortiz Antelo, ex ministro de Economía.

A propósito de esto, Ortiz Antelo declaró ante la prensa y luego levantó sus dichos para publicarnos en redes sociales.

"Rechazo que se me hubiera incluido en el informe de Comisión sobre gases lacrimógenos. No era ministro cuando se realizó la compra, asumí el Mininisterio de Economía siete meses después. Respondí por escrito el cuestionario que me envió la Comisión", aclaró el ex funcionario.