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Actualidad -
El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 5:00, en el Club de Campo Pueyrredón, un barrio cerrado ubicado en la calle Chacabuco y colectora del Ramal Pilar, a la altura del kilómetro 49 de la autopista Panamericana.
Los desconocidos accedieron a las viviendas tras cortar el alambrado perimetral en un sector "donde hace diez días no funcionan ni los sensores, ni las cámaras de seguridad", según se indicó. Los ladrones se dirigieron primero a una propiedad donde vive un hombre de 35 años y su madre, de 60, logrando entrar por una ventana que había quedado semiabierta.
Despertaron a las víctimas y les exigieron la entrega de una suma de dinero de una venta de un terreno y se apoderaron de alrededor de 10.000 dólares. Según publica el Diario Popular, los investigadores sospechan que los delincuentes contaban con datos precisos que habrían sido aportados por un "entregador".
Luego, los asaltantes se dirigieron a una segunda vivienda, donde reside un matrimonio de unos 50 años y familiares directos de las primeras víctimas, a los que le sustrajeron unos 20.000 pesos y otras pertenencias, para escapar a la carrera por el mismo lugar por el que habían ingresado al country.
Cuando los damnificados dieron aviso al personal de seguridad, estos comentaron que no habían advertido los movimientos sospechosos y luego se radicó la denuncia policía, dando intervención al fiscal Raúl Casal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Pilar.
A pesar de los procedimientos para dar con los ladrones, no pudieron ser localizados y ahora las sospechas apuntan a que la banda habría efectuado inteligencia previa para saber como acceder al barrio privado, burlando a los custodios, además de contar con el dato sobre la existencia de esos montos de dinero en ambas viviendas.
El country Club de Campo Pueyrredón de 36 hectáreas y 240 casas, cuenta con la vigilancia de seis guardias del turno noche que nunca advirtieron la presencia de los ladrones y con el monitoreo de 17 cámaras, algunas de las cuales estaban fuera de servicio, de acuerdo a lo establecido por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Pilar que trabajan a las órdenes del fiscal Raúl Casal.
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