El empresario Enrique Juan Blaksley Señorans, apodado como "el Madoff argentino", fue detenido en su mansión de la localidad bonaerense de General Pacheco, acusado de ejecutar una megaestafa que alcanzaría los $550 millones.

Según trascendió, Blaksley fue aprehendido durante un allanamiento en su casa del Pacheco Golf Club y quedó a disposición de la jueza federal María Romilda Servini De Cubría, quien también ordenó la detención de sus socios Alejandro Miguel Carozzino y Federico Dolinkue y su cuñada, Verónica Inés Vega.

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El primero de ellos, Carozzino, fue capturado en su oficina de Bartolomé Mitre al 2600, en la zona de Once, mientras que los dos restantes, al momento, continúan siendo buscados.

Los procedimientos fueron dirigidos por grupos de Operaciones Anticrimen y de Prevención e Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad.

La magistrada también solicitó que se indague a otras 14 personas, algunas de ellas familiares de Blaksley, y requirió otros 40 allanamientos en domicilios particulares, estudios jurídicos y contables y sedes sociales de empresas ubicadas en San Isidro, Pilar y Capital Federal.

De esta forma, la jueza hizo lugar a un pedido formulado días atrás por la fiscal federal María Alejandra Mángano, en conjunto con los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

Servini De Cubría imputó a los involucrados por formar parte de "una organización que estaba liderada por Blaksley, destinada a captar sumas de dinero de distintos ahorristas/inversores, mediante la suscripción de contratos de mutuo y contratos de inversión, ofreciendo para ello tasas muy superiores a las del mercado", según consta en el fallo.

De acuerdo a la investigación cursada por los fiscales, el método que utilizaba el empresario para captar a los ahorristas incluía "distintas actividades engañosas, que consistían en diversas participaciones en emprendimientos y marcas de renombre como Auditorio Buenos Aires, o las marcas "Hard Rock Café" y "Hertz"-" a través de su empresa Hope Funds.

Además, de acuerdo a lo documentado en el escrito, desarrolló "una elaborada campaña de marketing para la cual se desembolsaron gastos millonarios a fin de que Hope Funds fuera sponsor de distintos eventos como el partido entre Roger Federer y Juan Martín del Potro".

De este modo, Blaksley se presentaba como un exitoso hombre de negocios, lo que generaba confianza en los ahorristas que depositaban sus fondos en las empresas vinculadas a él y su grupo.

"Así, al menos, se han podido captar fondos por $550.678.556,66 sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos", explicó un investigador.

También se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los 5.000.000 de dólares y otros $16.000.000.

Según los pesquisas, para concretar la maniobra, se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas que fueron creadas con el único fin de canalizar el dinero.

Los delitos que se le imputa a los involucrados son estafa, captación de ahorro del público no autorizada agravada, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita.

Para disponer la detención de los sospechosos, se tuvo en cuenta "la enorme actividad que el grupo habría tenido en el exterior, la venta de empresas que seguirían en su poder, el cierre de cuentas bancarias, el intento de defraudar a los acreedores mediante la suscripción de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial y el intento de ocultar dividendos de empresas en los que el grupo tenía participación".

Por otra parte, la jueza ordenó la intervención de las empresas pertenecientes a Blaksley y en las que tiene participación, y que esto quede a cargo de AFIP y los veedores sean funcionarios de ese organismo.

En la causa, en la que también interviene la Dirección General de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación, se dictaron numerosos embargos, congelamiento de cuentas bancarias, inhibición general de bienes y se solicitó un informe detallado a Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las empresas que integran el grupo Hope Funds SA.

Según informó la AFIP, el expediente se inició a partir de una denuncia formulada por el área de Grandes Contribuyentes Nacionales del organismo, luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de lo que prevé la Ley de Entidades Financieras.

En la denuncia, se detalló un entramado societario dirigido por un lado a captar el ahorro del público y por otro a enviar ese dinero a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.