El Gobierno interino venezolano apuesta a que el proceso de apertura diplomática se traduzca en estabilidad política y respaldo internacional

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Esta madrugada, en el marco de una sesión "extralarge", la Cámara de Diputados transformó en ley la adhesión del país a la Convención de Budapest para la lucha contra el ciberdelito. Se trata de un tratado internacional que busca hacer frente a delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas.
La iniciativa, que cosechó 141 votos afirmativos, 4 votos negativos y 49 abstenciones, fue calificada como "muy importante", de acuerdo a las palabras de Cornelia Schmidt-Liermann, porque representa un "paso sustancial" en el camino por garantizar la "seguridad informática".
La informante del oficialismo consideró que "en este tratado se plasman las herramientas necesarias para luchar contra la ciberdelincuencia pero también para proteger el legitimo uso y desarrollo de las tecnologías".
Por otro lado, el Frente para la Victoria-PJ se abstuvo al considerar que las negociaciones se llevaron a cabo en el seno del Consejo europeo y no en las Naciones Unidas, sin la participación en las negociaciones de países no pertenecientes al Viejo Continente como Brasil, China y Rusia.
El mendocino Guillermo Carmona explicó que "adherir a esta convención es adherir a los términos fijados por otros países".
"Cuando hablamos de volver al mundo, no pensemos en adherir a lo que se ha generado en alguna región del mundo. Ser parte del mundo significa participar en los ámbitos multilaterales. Y el ámbito multilateral por excelencia es Naciones Unidas", afirmó el legislador kirchnerista.

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El sindicato espera una nueva oferta por parte de las empresas y, de no haber avances, el paro sería formalizado mediante un comunicado oficial.
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De acuerdo a testigos, los agresores vestían camisas blancas, estaban presuntamente alcoholizados y habrían salido de un parador cercano.
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Desde Casa Rosada reconocieron que el tema llegó a discutirse como una “conversación concreta”, pero que se decidió no avanzar por su “inviabilidad práctica y política”.
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Cuestionaron que la discusión se centre casi exclusivamente en la pena y no en políticas de prevención y acompañamiento.
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