La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Los sindicatos docentes realizan este martes el quinto paro nacional del año, en demanda de un acuerdo salarial por encima del 15% y "en repudio a la represión" contra maestros de la provincia de Chubut que reclamaban la actualización de sus haberes.
La medida de fuerza de 24 horas fue convocada por el gremio nacional CTERA y de inmediato se sumaron los maestros del sector privado, representados por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).
"La represión es nuestro límite, si tocan a uno nos tocan a todos. El paro nacional es para decir no a la violencia", sostuvo la semana pasada la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, al llamar a la huelga.
Los gremios de maestros también recordaron que en Corrientes hubo un episodio similar a los incidentes en Chubut, donde la policía dispersó una manifestación de docentes con balas de goma y gas pimienta frente a la casa de gobierno provincial en la ciudad de Rawson.
Exigimos al Gobierno que cumpla con las leyes y garantice el derecho a la educación tanto en Chubut como en el resto del país.
— Daniel Filmus (@FilmusDaniel) 2 de julio de 2018
Ofrecimos una conferencia de prensa en el Congreso junto a legisladores de diferentes bloques y dirigentes de sindicatos docentes. pic.twitter.com/kKQsK64K8E
La huelga de CTERA será también para volver a reclamar por sus sueldos, ya que exigen "la resolución de los conflictos nacional y provinciales y por la vigencia de la paritaria nacional docente".
Según los sindicatos, permanecen los conflictos laborales en las provincias por "los techos salariales" que establecieron los gobernadores tras la firma del Consenso Fiscal.
Según Alesso, esta situación se dio "en cada una de las provincias donde las paritarias no se cerraron o se cerraron por decreto, lo cual generó la profundización de los conflictos y la única medida que toma el Gobierno es la represión".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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