El Tribunal Penal Económico consideró que los montos evadidos entre 2010 y 2013 no alcanzan los $100 millones requeridos para ser delito.

La Justicia dictó el sobreseimiento parcial de Lázaro Báez por evasión fiscal
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La investigación sobre los delitos sexuales se inició como consecuencia de la sentencia dictada en la denominada causa ESMA II.

El Tribunal Oral Federal 5 condenó hoy a 24 años de prisión perpetua al represor Jorge "El Tigre" Acosta por delitos sexuales cometidos contra detenidas desaparecidas de la última dictadura.
El Tribunal consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, y resolvió sumar la condena a las anteriores que pesan sobre Acosta para unificar la pena en prisión perpetua.
Por primera vez condenaron por delitos sexuales a dos represores de la ESMA. Jorge “El Tigre” Acosta recibió 24 años de prisión y Alberto Eduardo González una pena de 20 años.
— Victoria Montenegro (@MontenegroViki) August 13, 2021
Se trató de un desprendimiento de la causa ESMA, donde también fue juzgado por violación Alberto "Gato" González, condenado a 20 años de cárcel.
Ambos fueron considerados responsables de delitos de naturaleza sexual contra tres detenidas ilegalmente, Silvia Labayrú, Mabel Zanta y María Rosa Paredes, quienes permanecían alojadas en la ESMA entre 1977 y 1978.
Los jueces dispusieron las condenas por el delito de "violación agravada por haber sido cometida con el concurso de dos o más personas, reiterada en -al menos- diez oportunidades".
La investigación sobre los delitos sexuales se inició como consecuencia de la sentencia dictada en la denominada causa ESMA II.
Los delitos sexuales cometidos en la ESMA eran conocidos. Fueron narrados ante tribunales orales por quienes los habían sufrido. Muchas veces esa exposición implicó que sean revictimizadas. Ninguna de las sentencias dictadas en esta causa reflejó hasta hoy aquellas acusaciones.
— CELS (@CELS_Argentina) August 13, 2021
González fue acusado de "obligar a la víctima a mantener relaciones sexuales, mientras que Acosta, como su jefe, generó las condiciones para que ello sucediera y posteriormente convalidó ese accionar", según la imputación fiscal.

El Tribunal Penal Económico consideró que los montos evadidos entre 2010 y 2013 no alcanzan los $100 millones requeridos para ser delito.
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