Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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Ayer se intimó además a la distribuidora a que cancele una deuda superior a $30 millones por una tasa que los usuarios pagaron y nunca depositó.
Duante este 2019 el Gobierno Provincial reclamó más de $220 millones a la empresa proveedora de energía eléctrica por diferentes fallas en la prestación del servicio. Se trata de multas que se han impuesto a la distribuidora y que benefician a los casi 440 mil usuarios.
Además de las multas, la provincia reclama por deudas impagas que mantiene Edemsa, y este jueves se le dio un plazo de diez días para pagar $30.937.171,98 en tres cuotas iguales y consecutivas, correspondientes a lo adeudado “en concepto de Sobretasa Provincial Eléctrica”.
Esa deuda viene de 2016 e incluye intereses y actualizaciones de capital. El dinero servirá para integrar el Fondo de Infraestructura Provincial (FIP). “Todo ello bajo apercibimiento de ejecución del mismo y/o de las sanciones que por Contrato de Concesión le correspondan”, según el decreto 2.263 del Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Economía, Martín Kerchner.
La suma reúne períodos adeudados de 2013, 2014 y 2015, “a los que deben sumarse los intereses moratorios, que pueden incluirse en un acuerdo de tres cuotas, que no está suscripto, dada la persistente metodología recursiva llevada a cabo por la Distribuidora”.
No todo es debe para la mayor distribuidora de energía eléctrica de la provincia. En diciembre del año pasado consiguió suspender una carga de casi $ 2 mil millones por un pasivo que tiene con Cammesa por compras de energía hasta 2015.
Desde la empresa aseguraron que si se tiene en cuenta el dinero no percibido por el "atraso tarifario" en dicho período, “el saldo para Edemsa respecto de Cammesa y el Gobierno nacional es acreedor”.
En ambos casos, la empresa espera que la deuda que mantiene con el Estado se vea compensada por el dinero que le adeuda la administración pública desde 2013, por los años en los que estuvo congelada la tarifa (2014-2015).
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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