El Gobierno Nacional dio por terminada la emergencia laboral y no renovará la doble indemnización. La eliminación de la medida se realizó en forma gradual, ya que el decreto vigente desde diciembre pasado había reducido al 25% extra los pagos por desvinculaciones laborales en el último bimestre y, desde el 1° de julio, vuelve a los montos normales.

La medida "de emergencia" fue tomada originalmente en diciembre de 2019, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, y con los efectos de la devaluación de agosto de ese año todavía pesando sobre la actividad económica.

En este marco, la vocera de presidencia, Gabriela Cerruti, explicó en conferencia de prensa los fundamentos de la decisión de no continuar con la imposición de un plus para el costo de los despidos orientado a desincentivar desvinculaciones: “La doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”.

“La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, señaló la vocera.

El objetivo de la “doble indemnización” fue evitar que las empresas echaran personal durante la recesión de 2019, primero, y luego en momentos en que la pandemia de Covid-19 impactaba con fuerza en el empleo. La norma estableció que en el caso de despido sin causa, el trabajador tiene derecho a percibir, además de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación aplicable, un monto adicional.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, no tiene planeado extender nuevamente la vigencia ni tiene previstas reuniones para evaluar la situación. En el Gobierno consideran que están dadas las condiciones de crecimiento económico para no necesitar de esa herramienta de emergencia.

Sin embargo, el exdiputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde pidió que se prorrogue la doble indemnización, argumentando que aún permanecen las causas que le dieron origen al decreto. La resistencia se extiende entre diversos gremios, incluso aliados del oficialismo -como Suteba, la CTA o los canillitas-, quienes cuestionaron la medida.