El Gobierno promulgó la Ley 27..372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que fue sancionada por el Congreso de la Nación en junio pasado. La norma, que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, les asegura la representación jurídica a las víctimas de delitos y crea la figura del defensor público en este contexto.

La ley contempla la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que quienes sufran delitos tienen que ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.

De esta manera, habrá un total de 24 defensores públicos: uno por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Además, 123 pro secretarios y secretarios letrados pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 funcionarios.

La ley, también, le otorga a las víctimas de delitos, a través de sus abogados, el derecho a participar de las declaraciones de testigos; que las víctimas reciban asesoramiento y contención durante el proceso y la ejecución de la pena; y habilita a quienes sufrieron un delito a constituirse como querellantes y a ser notificadas sobre las resoluciones tomadas durante el proceso judicial.

El proyecto presentado por el Frente Renovador surgió luego de la movilización “Para que no te pase” que se realizó en octubre de 2016, organizada por distintas víctimas de delitos que tomaron conocimiento público, como el caso de Carolina Píparo; quien fue baleada en una salidera bancaria, y María Luján Rey; madre de un joven que murió en la Tragedia de Once.