El Frente de Todos (FdT) logró el quórum para debatir en el Senado con la intención de darle media sanción al proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. A las 14.46 la presidenta provisional del Senado Claudia Ledesma abrió la sesión especial. Por su parte, el principal bloque de la oposición, Juntos por el Cambio (JxC), no sumó al quórum inicial, pero se sumó a la sesión una vez que terminó el himno nacional.

El proyecto de ley original, que fue solicitado por un grupo de gobernadores del peronismo, para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de los actuales cinco miembros a 25. Pero en las últimas horas surgió la posibilidad de que el oficialismo acepte reducir ese número a 15, a requisitoria de algunos legisladores aliados del FdT que no querían votar la propuesta de los 25 integrantes.

Ese era el número que establecía el proyecto de la senadora del bloque Unidad Ciudadana Silvia Sapag y que se terminó acordando con dos senadores que también habían presentado proyectos: Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Weretilneck.

El oficialismo tomó como primera medida devolver a la Comisión de Acuerdos los pliegos de los jueces que estaba previsto acordar y avanzar directamente con el tratamiento del proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema.

El proyecto original de Weretilneck proponía llevar a 16 los jueces de la Corte, garantizar la paridad de género y establecía cinco regiones del país desde donde debían proceder los nuevos magistrados para tener una representación federal. En el caso del proyecto del puntano, proponía una menor cantidad de jueces, pasar de 5 a 9, y federalizar a la Corte Suprema con el nombramiento de magistrados por regiones.

Por otro lado, el proyecto de Sapag, que va en línea con algunos de los aspectos que reclama el intebloque oficialista, además de una integración de 15 miembros, propone que se analice “toda la vida profesional” de los postulantes. El proyecto establece también que los jueces “tienen que pagar sus impuestos y exponer toda su vida profesional y comercial, contar cuáles son sus empresas y qué clientes tienen en sus estudios jurídicos”, aseguró la legisladora.