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A raíz de las declaraciones del secretario de Seguridad porteño se instaló el debate sobre la implementación de estas pistolas.
Marcelo D'Alessandro, secretario del ministerio que ahora está en manos de Diego Santilli, destacó en el marco de una entrevista radial sobre la necesidad de "protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser".
La afirmación se da en el contexto instalado por el gobierno donde busca presentarse a la agenda de seguridad como el eje prioritario hacia un 2019 que será electoral.
Es en este sentido que el pasado lunes 3 de diciembre la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó una resolución que establece nuevas disposiciones para utilizar armas de fuego.
Fue en el día de ayer que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que la ciudad buscaría adherirse al protocolo en cuestión cuya jurisdicción a priori se dirige sobre la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En el año 2010 y con la Policía Metropolitana operativa, el Gobierno porteño buscó realizar una compra de pistolas Taser. No obstante, el proceso se judicializó y desde un primer momento la Justicia prohibió su utilización.
En 2015, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia porteño revocó, por mayoría, el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y habilitó su uso. Sin embargo, a raíz del costo político advertido la Policía Metropolitana desistió sobre su implementación.
El argumento sostenido por el secretario de Seguridad porteño es falso. Las pistolas taser pueden y han ocasionado numerosas muertes en su utilización.
Es en gran medida por esto que Amnistía Internacional y las Naciones Unidas han manifestado su preocupación sobre esta práctica, asegurando que las armas podían ser letales y, apoyados en una declaración de la ONU, plantearon que podían constituir una forma de tortura
Los medios masivos de comunicación sostienen una narrativa que estimula tanto como condena. Es la amplificación mediática la que crea una espiral de miedo e indignación públicos, presionando a los organismos de control como la policía y los funcionarios. Esperemos la Justicia pueda frenar esta avanzada.
El episodio ocurrió en Rancul y encendió las alarmas en la comunidad educativa. Tras la denuncia, la Policía allanó el domicilio familiar y secuestró varias armas sin la documentación correspondiente.
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