El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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Marcelo Pecci integraba la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos, al igual que en la Argentina lo hacen los miembros de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Los colegas argentinos del fallecido fiscal, consideran que el homicidio es una señal para todos los empleados judiciales que investigan causas vinculadas al comercio de drogas. Pecci integraba la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos, al igual que en la Argentina lo hacen los miembros de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Asimismo, encabezó casos de gran repercusión que fueron trabajados en equipo y el mayor fue "Ultranza", una investigación por lavado de activos que generó pérdidas de 250 millones de dólares a narcos que exportan toneladas de cocaína de Colombia a Europa, vía Paraguay.
Fuentes oficiales revelaron a que Pecci, en la Argentina, colaboró e intervino en muchas causas antidrogas en las que se dio intervención a Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, entre otras fuerzas.
"El fiscal asesinado no trabajaba en forma directa con el país, pero lo hacía mediante la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos. Desde hace unos seis años trabajaba y prestaba colaboración al mismo tiempo", precisaron los voceros consultados por la agencia Noticias Argentinas.
Esta Red comenzó a formarse en un foro realizado en 2014 en Montevideo y a partir de entonces su tarea permitió desbaratar a bandas narcos transnacionales, cuyas células operan por varios países.
El crimen de Pecci ocurrió en una playa privada de Colombia y exteriorizó una gran preocupación entre sus colegas, tanto nacionales como extranjeros, ya que entienden que se trató de un mensaje para todos los fiscales.
En ese aspecto, consideraron que los narcos, con bandas "cada vez más poderosas", les están advirtiendo que "no investiguen".
Entre sus tareas como colaborador en causas ocurridas en la Argentina, aparece una incautación de droga en Paraguay, aportada a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que permitió imputar a Gustavo Sancho y sus tres hijos, en marzo de 2019.
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