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Actualidad ECONOMÍA

El "plan platita", la agenda de los empresarios y el acuerdo con el FMI

El nuevo gabinete tomó muchas medidas económicas durante su primer mes en funciones, algunas con mayor trascendencia, y otras que pasaron desapercibidas. Detrás de todo, las negociaciones con el FMI.

Martín Guzmán se reunió este martes con Kristalina Georgieva.

Martín Guzmán se reunió este martes con Kristalina Georgieva.

Por: Gonzalo Finlez

Ya pasó un mes de la derrota del Frente de Todos en las PASO que desembocó en una crisis en el oficialismo. El nuevo gabinete que surgió de la interna lanzó medidas y anuncios económicos con el objetivo de recuperar la iniciativa del Gobierno, e intentar una remontada en las elecciones generales. 

El “plan platita”

El incremento del salario mínimo, el pago de un complemento mensual para el salario familiar, el aumento en los montos de las asignaciones familiares, la suba del mínimo no imponible de ganancias para trabajadores, el programa de jubilaciones anticipadas, son las medidas más importantes anunciadas en las últimas semanas. 

El paquete de ingresos para los sectores más postergados de la sociedad podría ampliarse en los próximos días. Al momento, el cálculo que hace la oposición de Juntos por el Cambio es que el costo fiscal de las medidas es de medio punto del PBI.

La “explosión de gasto” parece no ser tan apocalíptica como se predecía. De hecho, todo apunta a que la meta fiscal presupuestada para este año del 4,5% de déficit será sobrecumplida, a pesar del “plan platita”. 

Incluso, las medidas mencionadas anteriormente son puramente transitorias. El alivio en el bolsillo que sentirán sus beneficiarios se irá diluyendo en el verano, inflación mediante, al igual que el costo fiscal del paquete. 

El plan plata de verdad

 

Sin embargo, el nuevo gabinete comandado por Juan Manzur, apodado el Menemcito por Jorge Asís, avanza en una agenda económica más allá de las elecciones de noviembre, con la mira puesta en los próximos años.

La reapertura de las exportaciones de carne busca reconciliar al oficialismo con el campo, a riesgo de mayores aumentos de precios. La debilidad del Gobierno lo impulsó a reflotar el proyecto de Ley Agroindustrial, una propuesta redactada por el Consejo Agroindustrial Argentino, dirigido por las cerealeras que controlan el comercio exterior de granos y derivados. 

El “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial” implica una transferencia indirecta de recursos hacia el agronegocio, a través de una batería de beneficios impositivos. En el mismo sentido apunta el proyecto de ley de hidrocarburos, que viene a oficializar la fiesta de subsidios para las petroleras en Vaca Muerta. 

La “platita” fue hacia políticas sociales, la plata de verdad se va a ir transfiriendo en silencio e indirectamente hacia los sectores más concentrados de la economía.

Todos los caminos conducen al FMI

Casualmente, durante esta semana ocurrió un encuentro entre algunos de los principales empresarios del país con el presidente Alberto Fernández. La principal preocupación de los dueños recayó en la necesidad de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el futuro cercano. 

Como es sabido, ingresar en un nuevo programa para refinanciar la deuda de US$45.000 millones tomada por la administración de Macri implica una serie de condicionamientos. Reducción del déficit fiscal, levantamiento de los controles de cambio y reformas estructurales son el recetario clásico del organismo  para su plan de Facilidades Extendidas. 

Sin embargo, los mismos dueños que presionan por una firma rápida con el Fondo también exigen al Gobierno una baja de impuestos. Por lo tanto, mientras reclaman un acuerdo atentan contra su cumplimiento, ya que una menor tributación sobre sus márgenes de ganancia redundan en menores ingresos para las arcas del estado y, en consecuencia, mayor déficit. 

No hay forma que ni ellos, ni sus economistas, ignoren esta realidad. La reacción furiosa contra la transferencia de recursos hacia los sectores más humildes de la sociedad se desprende de esta caracterización. En su visión, la única forma de achicar el rojo fiscal es ajustando el gasto. De esta forma, consiguen lo impensado: colocarse a la derecha del FMI, que en su último informe de Perspectivas Económicas propone a los países emergentes aplicar “impuestos más progresivos”. 

Pero para el establishment no todo es indignación. En estos días se desarrolla el evento anual donde exponen sus propuestas para el desarrollo productivo, el Coloquio de IDEA. Desde allí, sus animadores festejan un hecho inédito, incluso para ellos. La instalación del debate sobre una reforma laboral en la agenda pública, particularmente en un año electoral, entusiasma a la cúpula empresarial argentina. 

Como mencionamos anteriormente, esta es otra de los condicionamientos que impone el FMI para el cumplimiento de sus programas de Facilidades Extendidas. Lo llamativo es que la discusión sobre los derechos laborales se imponga en la agenda incluso antes que el Fondo pase a formar parte de la administración de las cuentas nacionales a partir de la firma de un acuerdo nuevo.

El establishment y el Gobierno coinciden en la necesidad de un acuerdo con el organismo internacional. Aunque hay matices: Guzmán presiona por la incorporación de una cláusula que habilite eventualmente a la Argentina a acceder a un programa con un plazo mayor a diez años; e intenta que se eliminen las sobretasas de interés que se aplican sobre nuestro país por haber tomado un préstamo que excede escandalosamente la cuota nacional en el organismo.

Se cumplan o no los modestos deseos del Gobierno, durante los próximos años la economía argentina funcionará bajo la tutela del FMI. Por lo mencionado anteriormente, todo apunta a que la reducción del déficit se hará a costa de un ajuste del gasto. Exactamente lo contrario a lo que reclamaba la vicepresidenta Cristina Kirchner en la carta con la que forzó el cambio de gabinete.

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