La decisión buscaría reducir gastos públicos y se toma tras la realización del evento el año pasado, cuando se recuperó tras varios años de ausencia.
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Tras el llamado electoral del último domingo, el país transita entre la duda sobre el futuro político y una intensificación de movilizaciones en las calles que denuncian fraude.
En una América Latina que de manera estructural y particular transita momentos de mucha incertidumbre, se sumó el caso del Estado Plurinacional de Bolivia y su futuro político post elecciones generales.
El último domingo 20 de octubre el país votó. 6.974.363 fueron habilitadas para renovar la totalidad del Congreso así como para elegir entre las nueve candidaturas que se presentaron para la presidencia del país.
Estando a casi dos días del cierre de las urnas todavía no hay respuestas oficiales sobre los resultados de las elecciones. Si Evo Morales resultará nuevamente reelecto tras este llamado o habrá una segunda vuelta (programada para el 15 de diciembre) con el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sigue sin tener respuesta.
Según el artículo 166 de la Constitución será proclamada a la Presidencia y Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura.
Tras una carga única e inicial de los datos que ocurrió ese mismo domingo, el escenario mostraba una tendencia hacia el ballotage: el candidato Morales alcanzaba el 45,28% de los votos (2.256.603) en tanto que Mesa el 38,16% (1.901.891) de las voluntades.
Pero esa carga de datos no se continuó, después fue suspendida y posteriormente reanudada. En ese proceso, para cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actualizó la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), los datos mostraban que con el 95,22% de las actas verificadas, Evo gana en primera vuelta con el 46,86%, sacándole de esta manera y por tan solo el 0,13% del margen requerido, los 10 puntos porcentuales a Mesa (36,73%).
A partir de esto y con la convocatoria del propio Mesa de “defender la democracia”, las movilizaciones no tardaron en llegar. En la ciudad de Potosí se incendió el edificio del Servicio de Registro Civil (Serecí) del Tribunal Electoral Departamental (TED) en tanto que están habiendo movilzaciones en distintos puntos del país.
La Organización de Estados Americanos (OEA) contó con una Misión de Observación Electoral durante el llamado. Para una Latinoamérica fragmentada y con este espacio siempre asociado a los intereses de Washington y buena parte del Grupo de Lima, las contradicciones de su presencia seguramente no tarden en llegar.
Lo cierto es que, llamando a “que se respete la voluntad de la ciudadanía” desde acá emitieron un comunicado donde marcan que: “Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral, la Misión de Observación Electoral de la OEA ha testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña”.
“La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”, precisa el comunicado, desagregando dos momentos del conteo y comunicado de votos.
Por un lado señalan: “A las 19.40 del domingo 20 de octubre el TSE difundió los resultados del TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la Misión. Nuestra información fue compartida hoy con el TSE y la Cancillería”.
Al tiempo que, desarrollan el escenario siguiente: “A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”.
Habrá que seguir de cerca los eventos, los pronunciamientos de los dos candidatos en cuestión y la escalada que las protestas puedan tener, particularmente en departamentos siempre complejos por su regionalismo como es el caso de Santa Cruz de la Sierra o Potosí.
La decisión buscaría reducir gastos públicos y se toma tras la realización del evento el año pasado, cuando se recuperó tras varios años de ausencia.
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