Al menos 50 nombres de legisladores y funcionarios políticos de la provincia de Salta fueron denunciados por haber intentado inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El bono extraordinario por $10.000, beneficiará por tercera vez en el año a más de 322.000 salteños que se quedaron sin ingresos por la crisis del coronavirus. De la lista de 50 funcionarios acusados, 20 cobraron efectivamente el beneficio, según la página web de Anses.

Para el resto del listado, la página los informa como "rechazados", lo cual confirma que estas personas se inscribieron con el objetivo de ser beneficiarios. Sin embargo, muchos de los denunciados niegan haberse inscripto, ya que el trámite de inscripción era muy sencillo: sólo bastaba con ingresar el número de CUIL en la solicitud. 

El listado de funcionarios acusados fue publicado por el portal de FM Noticias. Quienes accedieron al bono son concejales de las localidades Santa Victoria Oeste, Guachipas, San Lorenzo, Angastaco y Rivadavia Banda Sur. 

Por su parte, la titular de la Udai (Unidad de atención integral) Salta Norte de la Anses, Susana Aramayo, aadvirtió que estaban terminando de realizar una investigación preliminar de los datos publicados en los medios de comunicación y que hoy se presentaría personalmente a pedir intervención de la fiscalía penal federal “para investigar a cada uno de estos funcionarios electos y saber si han percibido el IFE, o dilucidar quién y cómo intentaron inscribirlos”.

“Lo que salió publicado es una notitia criminis y yo como funcionaria pública tengo la obligación de denunciarlo, por lo que me voy a presentar en la fiscalía a formalizarla, pedir una información y acercar todos los datos que yo tengo a mi alcance”, señaló la funcionaria.

Por otro lado, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, repudió la actitud de los funcionarios mediante un mensaje en sus redes sociales: "Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia, por vergüenza, lo que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos!", sentenció.

Finalmente, según la Fiscalía de Salta, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.