Ante la dificultad que el gobierno tiene para arreglar con las empresas petroleras el congelamiento de precios, evalúa la posibilidad de utilizar la ley de abastecimiento aprobada en 1974 y modificada en 2014 para que no haya aumentos por 90 días.

La ley establece criterios referentes a "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios (...) que satisfaga ecesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población".

En la conferencia de prensa que Rogelio Frigerio brindó el miércoles por la mañana, tras los anuncios del presidente Mauricio Macri, explicó que el congelamiento se daría a través de YPF, aunque luego trascendió que se haría por acuerdo con las petroleras, malogrado en las últimas horas.

En su artículo 2, la ley de abastecimiento permite al Estado establecer "márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas". 

Asimismo, habilita a que en caso de que las empresas pierdan sus márgenes de utilidad se acorden "subsidios para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios".

El objetivo del gobierno es que las naftas se comercialicen al valor del dólar de la semana pasada, alrededor de los 46. En el artículo 3, la ley contempla sanciones para las empresas que "elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas".

Las multas van desde sanciones económicas entre 500 pesos y diez millones, clausura del establecimiento e inhabilitación de hasta dos años para obtener créditos de entidades públicas.