Esta cifra representó una variación interanual del 32,4% en el caso de la canasta básica alimentaria; y de 32,4% teniendo en cuenta la canasta básica total.

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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, deberá definir la situación procesal de los imputados.

Los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide pidieron hoy los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majadalani, ex uno y dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.
Incardona y Eyherabide también solicitaron el procesamiento del ex director de contrainteligencia del organismo, Martín Coste.
Ahora es el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé quien deberá definir la situación procesal de los imputados en la causa se estudian las maniobras de espionaje ocurridas en agosto de 2018 sobre el Instituto Patria y el departamento del barrio de Recoleta de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Para los fiscales, Arribas y Majdalani estaban al tanto de estas tareas y, además, intentaron ocultarlas al dar información ante el Congreso Nacional.
El 26 de mayo último, la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal donde solicitó la indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri "en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".
La solicitada se hizo extensiva al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y a su segunda Silvia Majdalani, ambos parte de la administración durante la administración Cambiemos.
Registrada bajo el número 2916/2020 y aludiendo a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", la denuncia marca un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados.
"Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal", precisa la denuncia.
Además se precisó el hallazgo de "rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros".

Esta cifra representó una variación interanual del 32,4% en el caso de la canasta básica alimentaria; y de 32,4% teniendo en cuenta la canasta básica total.
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