El operativo incluye el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas centrales de la organización sindical, ubicada en el barrio de Constitución.

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El ex presidente pidió apartar al magistrado porque duda de su imparcialidad; Farah declaró que sufrió presiones de la "mesa judicial" del gobierno anterior.

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo del ex presidente Mauricio Macri para apartar al juez Eduardo Farah de una causa relacionada con el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
Por mayoría, el máximo tribunal penal declaró “inadmisible” un recurso extraordinario del ex mandatario contra el rechazo a la recusación contra Farah, uno de los jueces que abandonó la Cámara Federal porteña y se refugió en un tribunal oral después de haber firmado las excarcelaciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Macri recusó a Farah en una causa promovida por él y por su secretario privado, Darío Nieto, a raíz de la supuesta manipulación de los teléfonos secuestrados en la investigación por espionaje ilegal. Del teléfono de Nieto surgieron datos que posibilitaron líneas de investigación en la causa que inicialmente tramitó en los tribunales de Lomas de Zamora y finalmente recaló en Comodoro Py 2002.
El camarista Eduardo Riggi rechazó la recusación de Farah en sintonía con el fiscal general Mario Villar, en tanto que su colega Juan Carlos Gemignani sostuvo que la apelación “exige entre otros requisitos que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal, lo que en la especie no ocurre”.
La tercera jueza del tribunal, Liliana Catucci, votó en disidencia, a favor de habilitar la revisión del caso. El fallo bloquea el acceso a que la Corte Suprema dirima sobre el apartamiento o la continuidad de Farah.
Macri argumentó que Farah no debía intervenir porque temía sobre su imparcialidad, ya que declaró públicamente y en un expediente judicial que sufrió presiones de la “mesa judicial” de Cambiemos tras la excarcelación de López y De Sousa.

El operativo incluye el ingreso de personal judicial y fuerzas de seguridad a las oficinas centrales de la organización sindical, ubicada en el barrio de Constitución.
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