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Filo.explica | A 4 años de la desaparición del submarino ARA San Juan

¿Se ocultó información a los familiares de las víctimas? ¿Se los espió desde el gobierno de entonces? ¿Cómo sigue la lucha de las familias?

Filo.explica | A 4 años de la desaparición del submarino ARA San Juan

El ARA San Juan fue un submarino de fabricación alemana, que sirvió en la Armada Argentina desde 1985. Si bien técnicamente se trataba de una nave de ataque, nunca fue utilizado en enfrentamientos bélicos.

Su tarea consistía en controlar la plataforma continental argentina frente a la presencia constante de flotas dedicadas a la pesca ilegal.

El 15 de noviembre de 2017, el ARA San Juan se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Llevaba 44 personas a bordo.

Durante quince días se hizo una búsqueda de la que participaron dieciocho países con personal técnico. No hubo resultados. Después de esas dos semanas, el Estado argentino dio por terminadas las tareas de rescate.


El 17 de noviembre de 2018, doce meses después de la desaparición, se encontró el ARA San Juan a la altura del golfo San Jorge, en un lugar muy cercano al punto donde se había perdido su rastro. Estaba a 907 metros de profundidad.

La causa por la desaparición del ARA San Juan llegó a la justicia. Por el incidente en sí hay seis procesados, todos ellos integrantes de la Armada Argentina.

En noviembre de 2020, Enrique López Mazzeo, uno de los procesados, reveló una información increíble: según su testimonio, el gobierno argentino de entonces había ocultado que ya el 5 de diciembre de 2017, es decir, veinte días después de la desaparición del submarino, ya se sabía lo que había ocurrido con él.

Otro aspecto de la causa judicial alcanza al expresidente Mauricio Macri y a exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia. El empresario, que gobernó el país entre 2015 y 2019, fue citado a indagatoria por supuesto espionaje sobre los familiares de las víctimas de la tragedia.

Según una investigación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el exmandatario habría usado recursos del Estado para espiar los movimientos de quienes pedían justicia por sus familiares fallecidos.

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