La intervención impulsada por el gobierno suponía una ocupación temporánea y transitoria de la empresa por 60 días. Para “comandarla” se nombró a Gabriel Delgado como interventor, quien, tras algunas complicaciones, desplazó, en un principio, a los directores de Vicentín. 

El plan era intervenir para, supuestamente, asegurar la continuidad de la empresa, conservar los puestos de trabajo y preservar el patrimonio.

Complementariamente, un proyecto de expropiación sería discutido en el Congreso para declarar la utilidad pública de la empresa y, pasada la intervención, permitir que el Estado se haga cargo completamente a través de la firma YPF AGRO. 

Algunos especialistas creen que el objetivo final de las medidas es poder poner un pie en este mercado de divisas y exportaciones para usarlo como una herramienta de gestión cambiaria y macroeconómica.

En la negociación con bonistas por la deuda externa, se habla de poner un cupón atado a las exportaciones para ver si los acreedores aceptan la oferta de la Argentina. Si esto se concretara, tener a Vicentín en manos del Estado sería algo muy atractivo para el gobierno. 

Sin embargo, las justificaciones no alcanzaron y la estrategia gubernamental no fue bien recibida. Como ya nos pasó, parece que nuestras autoridades nacionales pecaron de optimistas