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El ministro de Salud de la Nación se refirió al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió al Congreso Alberto Fernández.

El día de ayer, Alberto Fernández oficializó el envío de un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo al Congreso argentino.
Sobre esto, Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, aseguró que "claramente hay una necesidad de actuación" por parte de las autoridades para con esta problemática.
"El 80% de los embarazos adolescentes, menores de 20 años, son no deseados. Claramente hay una necesidad de actuar para que no ocurran, y si ocurren que no tengan las consecuencias de un embarazo no deseado", declaró el titular de la cartera en diálogo con Telefe.
El presidente @alferdez anunció que enviará el proyecto de Ley para que el aborto se despenalice, sea legal y con igualdad de condiciones para todas las mujeres. De esta manera evitaremos muertes innecesarias que suceden por esta causa.
— Gines González García (@ginesggarcia) November 17, 2020
Además, el ministro aseguró que, desde el retorno de la democracia en 1983 hasta el día de hoy, hubo entre 38.000 a 40.000 internaciones anuales en el sector público y alrededor de 3.000 fallecimientos de mujeres por abortos clandestinos. Sobre estas, González García afirmó que, con la aprobación de la ley, serían completamente "evitables" en un futuro.
Desde su cuenta oficial de Twitter, el funcionario añadió: "Es un orgullo poder ser parte de un gobierno que no se desentiende de la realidad y aborda el tema como una cuestión de salud pública. Necesitamos transformar lo que sucede de forma clandestina en un derecho para todas las mujeres".
Es un orgullo poder ser parte de un gobierno que no se desentiende de la realidad y aborda el tema como una cuestión de salud pública. Necesitamos transformar lo que sucede de forma clandestina en un derecho para todas las mujeres.
— Gines González García (@ginesggarcia) November 17, 2020
Cabe resaltar que el proyecto de IVE que planteó el oficialismo aborda una serie de puntos que deberán ser considerados a la hora de su votación y de su posterior aplicación, en caso de ser aprobado como ley.
Entre ellos, encontramos que la interrupción del embarazo deberá hacerse antes de la semana 14 de gestación; que la práctica de interrupción del embarazo debe hacerse en un plazo máximo de 10 días corridos desde su solicitud y que el personal de salud que deba intervenir en la interrupción del embarazo tendrá el derecho a ejercer la objeción de conciencia.

La protesta fue convocada por organizaciones de izquierda, centros estudiantiles y ambientalistas.
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