La diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) confirmó esta mañana que ampliará su denuncia contra el ex titular de la CGT y dirigente camionero, Hugo Moyano, por lavado de dinero, en una causa en la que se investiga un presunto desvío de fondos de la obra social del gremio.

"Se trata de la causa que inicié en 2011, vinculada al desvío de fondos de la obra social de Camioneros en beneficio de empresas vinculadas a la familia Moyano", afirmó la diputada en declaraciones a radio Continental, en las que precisó que esa vinculación sería con "su esposa, sus hijastros y su consuegro".

Ocaña indicó que la presentación la hará cuando concluya la actual feria judicial, en febrero próximo. "Existe un giro de fondo generando mayores costos hacia las empresas, que determinó un aumento sideral del patrimonio de Hugo Moyano y su familia", sostuvo la ex legisladora porteña por Confianza Pública, ex ministra de Salud del gobierno de Cristina Kirchner y ex titular del Pami.

A modo de ejemplo, indicó que actualmente el patrimonio de la familia Moyano "supera los 10 millones de dólares. Queremos que se investigue porque entendemos que es el Estado Nacional el que, según la Corte Suprema ha reconocido, debe garantizar la salud y estos desvíos de fondos hace que no se tengan las prestaciones debidas", argumentó Ocaña.

La diputada informó que pedirá también que se tomen "causas vinculadas a falsificaciones", al sostener que "forman parte de la maniobra de lavado". También adelantó que solicitará se investigue "al grupo de sociedades, más el Sindicato de Camioneros, la obra social y la mutual de Camioneros".

Consultado por las personas y empresas involucradas, Ocaña respondió que "son varias, en general de la familia de Hugo Moyano, y seis empresas denunciadas con distintos objetos sociales. Entre ellas mencionó a la administradora Garay, la constructora Ancora, de seguridad Las Marías y "otras que administran campos, una que maneja camiones y es proveedora de YPF, y una que se dedica a la indumentaria".

"No se trata de un tema personal ni de una persecución a los sindicatos, sino que es un enriquecimiento ilícito", concluyó.

Fuente: Télam