La Corte Suprema británica comenzará a evaluar los argumentos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como del opositor Juan Guaidó, para determinar a quién le corresponde el control de mil millones de dólares en oro de las reservas de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra.

Cinco magistrados escucharán entre mañana y el jueves los argumentos de ambas partes en esta querella iniciada hace más de un año desde la cual se buscará determinar "si el Gobierno británico ha reconocido al presidente interino Guaidó como jefe de Estado de Venezuela y, en caso afirmativo, si cualquier impugnación de la validez de los nombramientos hechos por Guaidó en la junta del Banco Central de Venezuela es justiciable en un tribunal inglés”. 

El Gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando sin éxito recuperar 32 toneladas de oro de la reserva nacional, valoradas en mil millones de dólares, que tiene guardadas en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada entonces por la oposición y presidida por Guaidó, nombró en julio de 2019 a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes.

El Gobierno venezolano afirma que necesita ese dinero para combatir la pandemia del coronavirus por lo que inició en mayo de 2020 una querella contra el Banco de Inglaterra y argumentó que la causa era urgente debido a la crisis humanitaria.

Pero la institución, que custodia fondos para numerosos países, se declaró atrapada entre dos grupos rivales que le daban instrucciones contradictorias y pidió a la justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resolviese quién tiene su control.

Desde entonces, un juzgado comercial de Londres falló en julio de 2020 que el Gobierno británico había reconocido a Guaidó como presidente interino pero tres meses después el Tribunal de Apelaciones remitió el caso por considerar que ese reconocimiento podía ser en realidad una mera declaración política y que era posible que el Ejecutivo del premier británico, Boris Johnson, siguiese reconociendo "de facto" a la administración de Maduro.

En diciembre, la Corte Suprema concedió a los representantes de Guaidó permiso para recurrir esa orden y en abril a la parte contraria para contrarrecurrir. Londres no reconoce la legitimidad de la nueva cámara y reiteró su apoyo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Si la Corte Suprema británica acaba dando la razón a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la oposición espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.