La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Por decisión del juez federal Facundo Cubas, Aníbal Prina fue liberado de prisión, acusado de ser uno de los principales actores del ataque con huevos contra el vehículo que transportaba al presidente Mauricio Macri hacia un acto en La Pampa.
Tras su salida, el docente universitario se tomó un tiempo para hablar con la prensa y criticar su aprehensión: "Claramente, por la espectacularidad del caso y en la forma de detención, está claro que es una jugada política más allá de lo judiciable. No me voy a hacer cargo de los huevazos que tampoco serían una intimidación ni un peligro", aseguró.
Detuvimos al agresor del Presidente @mauriciomacri, Anibal Prina profesor y patotero. Junto a la Justicia Federal, Juez Cubas, Fiscal Zapico pic.twitter.com/DeH9qfK0gt
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 13 de octubre de 2017
El precandidato a diputado provincial por La Pampa en las PASO por el Frente Peronista Barrial, denunció la presencia de "un estado de vigilancia permanente en toda la militancia y en los kirchneristas un poco más. Nos estigmatizan por ser kirchneristas, porque es ser subversivo y peligroso", remarcó.
La detención de Prina se produjo en un marco confuso tras el delito de "intimidación pública" por parte de un grupo de manifestantes contra Macri. En el caso particular del sujeto, su detención se produjo tras un mensaje de autoincriminación publicado en su cuenta de Facebook.
Sobre ese momento, el docente fue muy crítico con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que publicó una foto suya previo a la existencia de una denuncia en su contra, acusando una exposición innecesaria por parte del estado.
Por el lado de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) ya inició una investigación de la Secretaría de Legal y Técnica para analizar el procedimiento en la facultad y eventualmente denunciar en la fiscalía si existió una irregularidad.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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