El operativo se desplegará en todo el territorio nacional entre el 23 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026.

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Se trata de una iniciativa presentada por la senadora Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos.

El Frente de Todos impulsa un proyecto para recusar jueces que manifiesten posiciones "contrarias a la perspectiva de género" o utilicen "discursos de odio".
La iniciativa presentada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti prevé incorporar al artículo 55 del Código Procesal Penal, que establece los motivos de inhibición de un magistrado, el siguiente inciso: "Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género".
En su artículo 2°, prevé añadir como inciso h) al artículo 60, que habla sobre las causales de recusación, el siguiente texto: "Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género".
El documento fue presentado en la Cámara alta en marzo de 2021 y contó entonces con el respaldo de la mayoría del bloque oficialista -en ese entonces unificado-. Hoy, ante el inminente veredicto en el juicio por Vialidad y luego de que la Cámara Federal ratificara a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, vuelve al centro del debate. Será discutido este martes en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que presidente el senador kirchnerista Oscar Parrilli.
Fernández Sagasti sostiene que "la falta de reconocimiento de la identidad de género de los y las justiciables constituye trato discriminatorio que se traduce en criminalización y acoso por parte de las autoridades".
"Los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones", asevera la legisladora.

El operativo se desplegará en todo el territorio nacional entre el 23 de diciembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026.
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