A horas de brindar su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el presidente Mauricio Macri sufrió una imputación judicial en su contra. ¿Por qué? El fiscal federal Jorge Di Lello lo investiga a él y a otros funcionarios por la adjudicación de rutas aéreas a la empresa Avianca, que en 2016 compró "Macair Jet", propiedad del grupo familiar del Presidente.

La acción penal también incluye al empresario Franco Macri -padre del mandatario-, el Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y a responsables de la línea aérea Avianca, entre otros funcionarios nacionales. ¿El cargo? posible comisión de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.

La causa inició con una denuncia de diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, que cuestionaron la reciente venta de la empresa "Macair Jet" y las posibles contrataciones del Estado Nacional con la empresa, en el marco de los cambios en la explotación del espacio aéreo argentino.

Los denunciantes pidieron investigar la decisión del Gobierno de dejar de usar la flota presidencial y contratar "servicios de empresas privadas".

El fiscal Di Lello indicó: "El pasado lunes 13, la ANAC oficializó la entrega de rutas aéreas a Avian Líneas Aéreas (Avianca) a través de los dictámenes de la Junta Asesora del Transporte Aéreo de la Audiencia Pública nro. 218, autorizando la concesión por 15 años de todas las rutas solicitadas, en las que actualmente opera Aerolíneas Argentinas".

El fiscal solicitó una serie de medidas de prueba. La causa está radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12, a cargo de Sergio Torres.