Sucedió el sábado 9 pero el caso continúa conmocionando a los vecinos de José C. Paz: una mujer, cansada de los abusos de su marido para con ella y sus hijas, lo mató de 185 puñaladas, ayudada por una de sus descendientes, de 18 años.

Ambas se comunicaron con el 911 y confesaron el hecho, basándose en las denuncias que venían realizando desde hace 10 años y que nunca fueron escuchadas, las cuales incluían abusos sexuales, golpes, maltratos y proxenetismo.

El defensor de Paola Elvira Córdoba (38) y su hija Paula Milagros Naiaretti (18), Javier Chirinos, había solicitado la excarcelación de ambas ante el juez de Garantías 4 de San Martín Alberto Brizuela, también pidiendo que la causa sea caratulada como un homicidio en legítima defensa desde una perspectiva de género.

Desde el inicio, organizaciones sociales, feministas y vecinos se manifestaron ante la fiscal Silvia González Bazzani, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 23 de Malvinas Argentinas apoyando la liberación de las mujeres.

En este segundo pedido, el abogado solicitó que ordene lo que se denomina "libertad fiscal", argumentando que "no existe peligro de fuga" y que "no hay riesgos procesales toda vez que no existen pruebas a producirse que mis asistidas puedan modificar ni el curso de la investigación".

El escrito fue presentado un día después de que la hija y hermana de 9 años de las imputadas declarara en Cámara Gesell, por lo que desde la defensa se consideró que "no hay más diligencias que puedan ser afectadas con la libertad" de las defendidas.

También pidió que, antes de resolver, el juez Brizuela haga una audiencia pública con concurrencia de familiares, vecinos y medios de comunicación, donde se exponga el caso.