La jubilada Silvia Inés Lezaun y la Asociación Civil Años presentaron este miércoles un recurso de apelación ante la Jueza Federal Subrogante Silvia Saino. La apelación es motivada por el rechazo al reclamo de acción colectiva que buscaba declarar la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria. 

La presentación fue avalada por el Defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino, y por los abogados Andrés Gil Domínguez y Adrián Tróccoli. Reclaman que la jueza conceda la apelación y, una vez concedida, la Cámara de Apelaciones revoque el fallo de primera instancia y ordene la acción de amparo colectiva promovida. 

Bajo el fundamento de que no hay “situaciones homogéneas”, la jueza rechazó la acción colectiva e instó a analizar caso por caso las diferencias entre los aumentos por decreto y los que corresponden bajo la movilidad suspendida. Con este fundamento, aceptó que cada jubilado o pensionado haga su propio reclamo. 

La apelación fundamenta que el aumento de haberes por decreto “tiene una afectación normativa común, más allá del resultado de la misma que también es homogénea en los subgrupos formados según el haber que perciban”.

Otro argumento de los apelantes es que la seguridad social es un derecho fundamental y humano económico social y cultural de contenido prestacional regido por el principio de no confiscatoriedad. “Esto implica que su garantía no depende de márgenes porcentuales de posible disminución cuantitativa sino está regida por la exigencia de la progresividad y no regresividad normativa y fáctica”.