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El ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó este viernes ante la Justicia supuestas irregularidades en el proceso de licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
"No me consta que haya delito", dijo el ex funcionario, ante el juez de la causa, Daniel Rafecas.
En su declaración ante el magistrado, Kulfas dijo que sus opiniones "no fueron más que muestras de discrepancias políticas" y sostuvo que "la adjudicación a Techint está justificada en la premura por realizar la obra".
Además, explicó que sus declaraciones, que apuntaban contra funcionarios que responden políticamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron "respuestas políticas a lo que consideró un ataque injustificado a su ministerios por parte" de la titular del Senado.
El ex titular de Desarrollo Productivo ingresó pasadas las 10 de la mañana de este viernes a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.
La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada tras la carta de renuncia que el ex ministro le entregó al presidente Alberto Fernández, luego del escándalo por el off the record que planteaba supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra para beneficiar a Techint.
Rafecas convocó a una audiencia con especialistas de cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta, Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral para que expliquen los "requerimientos técnicos" necesarios para la construcción del gasoducto.
Esta audiencia, fijada para ese día a las 10, también será presencial, y el objetivo es que expertos que designen las empresas concurran al juzgado para responder preguntas sobre los requerimientos "técnicos exigidos para la construcción del gasoducto", explicaron fuentes del caso.
Ayer, Rafecas convocó a una segunda audiencia con expertos y la fijó para el miércoles 15 a las 10, a la que fueron convocados cuatro expertos designados por las empresas TGN y TGS (Transportadora Gas del Norte y del Sur), Enargas y Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, informaron a Télam fuentes judiciales.
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