Mientras la ley de financiamiento de los partidos políticos continúa sin ser sancionada, en las últimas horas el fiscal federal Ramiro González solicitó al juez Ariel Lijo abrir una investigaciones para estudiar los aportantes que contribuyeron a la campaña de la alianza Cambiemos en 2015.

Para ello, el fiscal encargó que se “levante” el secreto fiscal tanto sobre las empresas que se encuentran sospechadas como los balances de gastos rendidos hacia el gobierno nacional y porteño.

Con el antecedente del caso que implicó a la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal, Di Lello inició una solicitada que no tuvo grandes repercusiones.

No obstante, a raíz de una nueva investigación provista por el equipo de El Destape, se dispone de nuevas herramientas para sustentar el caso tales como “e-mails y planillas de Excel relativos a diferentes proveedores en donde se podían observar llamativas citas tales como ‘IVA si corresponde’, ‘pagos cash’, etc”.

A partir de lo anteriormente mencionado es que fueron solicitados los siguientes documentos:

• A la Justicia nacional electoral, los estados contables sobre los gastos de campaña electoral de 2015.
• A los gobiernos nacional y porteño, los datos sobre al menos una docena de personas que ocuparon cargos públicos y que estarían vinculadas a esos hechos.
• Al la Inspección General de Justicia (IGJ), la composición accionaria, balances y estatutos de las empresas “CHK Servicios Audiovisuales SRL”, “CAP Publicidad SRL” y “Televaz”, todas supuestamente vinculadas a los ilícitos.
• A la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el levantamiento fiscal de esas empresas, así como también el “padrón completo, inscripción declaraciones juradas de impuestos nacionales”, e información sobre la compra-venta de inmuebles y bancarios, entre otras demandas.