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La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, ordenó este viernes la detención del ex presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y de los cuatro ex consejeros que viajaron con él a Bélgica.
Puigdemont y sus consejeros no acudieron el jueves 2 a su citación ante la Justicia española, investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Siguiendo la petición de la Fiscalía, la magistrada emitió sendas órdenes de detención y entrega contra Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Las dirigió expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica.
En este caso ya habían sido detenidos el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros que permanecieron en España. Están acusados por los mismos delitos. Esto provocó un fuerte golpe en los sectores independentistas que denunciaron la politización de la Justicia.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por medio del ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, subrayó por su parte que en España existe la división de poderes, y situó la resolución judicial dentro de un ámbito "independiente y autónomo".
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