En una negociación paritaria que lleva ya más de medio año, los gremios docentes decidieron anteponer un recurso de amparo contra el Gobierno bonaerense cuestionando su predisposición para llegar a un acuerdo, por lo que la Justicia ordenó que se actualicen los salarios hasta que se alcance un arreglo.

El Tribunal N°4 de La Plata dispuso que los sueldos de los maestros y profesores de la provincia se actualicen en julio próximo de acuerdo al índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta que se cierren las paritarias.

Según consta en el fallo, los jueces Rodolfo Francisco Martiarena y Adela Eduarda Di Stefan recordaron que las autoridades gubernamentales ya habían efectivizado un adelanto a cuenta del futuro aumento para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Los magistrados dieron el carácter de "ultractivo" a la "cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018".

El Tribunal resolvió de esta forma luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) aseguraran que el Gobierno bonaerense "negocia de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13.552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas". 

Si bien en la presentación en cuestión habían solicitado se impongan sanciones y se ordene al Ejecutivo provincial "negociar de buena fe", la resolución judicial no hizo lugar a estos pedidos: de hecho, desestimó la conducta denunciada por los sindicatos y consideró que el Gobierno "no incurrió en conducta pasible de ser sancionada por temeridad y malicia".

Rechazaron, asimismo, ordenarle al Ejecutivo que negocie de buena fe y plantearon que la llamada cláusula gatillo representa "una relativa garantía de que los sueldos docentes no pierdan valor real". 

En esta línea, Martiarena y Di Stefan sostuvieron que "de alguna manera la provincia de Buenos Aires la ha venido cumpliendo durante este año, con pagos que complementan la pauta salarial convenida en el 2017 y a la que se comprometió a respetar en el futuro a través de su ministro de Economía en la reunión paritaria del día 9 de marzo de 2018".

La respuesta oficial

Desde el Gobierno provincial adelantaron que apelarán la resolución basándose en que "la Justicia no puede interpretar algo que las partes aún no han acordado".

En tanto, hoy se realizará un "Banderazo por la Educación Pública". A partir de las 18 hs, concentrarán en el Congreso Nacional y, de allí, marcharán hacia la Casa de la Provincia. Reclaman escuelas dignas y salarios dignos.