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La Secretaría de DD.HH exigió a la Policía retirarse de la puerta de las escuelas porteñas

"La presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los y las estudiantes cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, sostiene el escrito de la Secretaría, a cargo de Horacio Pietragalla.

La Secretaría de DD.HH exigió a la Policía retirarse de la puerta de las escuelas porteñas

La Secretaría de Derechos Humanos exigió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retirar la presencia policial de la puerta de los establecimientos educativos en los que los alumnos y alumnas están llevando a cabo protestas estudiantiles y tomas de colegios.

La medida fue tomada a través de un hábeas corpus preventivo y colectivo al considerar que las y los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos de acuerdo a las ley 26.877 de la Nación y 137 de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, agrega que el cerco policial sobre las escuelas se registró con fotos, videos y notas periodísticas, donde se documenta un accionar de control por parte de la Policía porteña que verifica quién ingresa y sale de los colegios y sacan fotos de estudiantes, graban videos y les requieren información.

"La presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los y las estudiantes cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, sostiene el escrito de la Secretaría, a cargo de Horacio Pietragalla.

La cartera actuó a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional a partir de la denuncia presentadas por padres y madres de alumnos y alumnas al Centro de Denuncias de Violencia Institucional. 

Dicha dirección también remitió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo, quien dio curso a la causa contra los padres de los y las estudiantes por una supuesta contravención y los notificó con policías a sus domicilios particulares.

"El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados", sostiene el texto presentado ante la fiscal Presedo.  

La Secretaría de DDHH solicitó a la fiscal que informe si efectivamente se abrió la causa a los padres, y de ser así, qué conducta puntual se les imputa.