A partir del resultado de las PASO, la política económica volvió a estar en el centro del debate. Particularmente, luego de la carta de Cristina Kirchner, donde advierte que la causa principal de la derrota oficialista fue el ajuste fiscal llevado adelante durante buena parte del año. 

“Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad “, dijo la vicepresidenta.

Rápidamente, el ex viceministro de Economía durante la última presidencia de CFK, Emmanuel Álvarez Agis, respondió a través de un informe de su consultora. El propio Alberto Fernández usó el trabajo de PxQ para defender su gestión y la del ministro Martín Guzmán. 

El razonamiento de Álvarez Agis se desprende del supuesto base del Presupuesto: que el 2021 iba a ser un año sin pandemia. Como el nivel de actividad económica se ubicó en todos los meses por encima del promedio del 2020, el informe concluye que el supuesto fue correcto. Por lo tanto, es también correcto dejar por fuera el gasto extraordinario por Covid-19 al realizar la comparación sobre la evolución de las cuentas fiscales. 

La sentencia es contundente: “es imposible caracterizar la situación del gasto público de 2021 como un “ajuste”. El gasto neto de inflación se incrementa 12% en 2021 cuando se excluye el gasto extraordinario por el Covid-19 de la base de comparación de 2020”. 

En el mismo sentido se pronunció el propio Guzmán, contradiciendo la denuncia realizada por la vicepresidenta: “Ella misma en su carta dice ‘me dicen que no es así’: yo soy uno de los que dice que no es así. Y la realidad es que en la Argentina ha habido una política fiscal expansiva”, dijo el ministro a Víctor Hugo Morales.

Pero en la ecuación de Álvarez Agis se omite una variable clave: el ajuste en vidas humanas que implicó la decisión de minimizar las políticas de restricción a la movilidad frente al aumento exponencial en casos y fallecimientos durante la segunda ola de coronavirus, mucho más grave que la primera. 

“Sin embargo, en ese marco el gasto en seguridad social se contrae tanto en la comparación contra 2020, como así también contra 2019”, rescata el informe. Básicamente, la seguridad social es el gasto destinado a jubilaciones y asignaciones, es decir, el gasto social. Lo que para el informe es sólo una salvedad, para otros sectores es el centro del problema.

El trabajo de PxQ concluye con un ejemplo: “si el gobierno hubiese optado por incrementar las tarifas de los servicios públicos en línea con lo contemplado en el Presupuesto 2021 y ese ahorro lo hubiese destinado al gasto en seguridad social, este gasto se podría haber incrementado +4% por encima de la inflación”. En este punto podemos encontrar otra variable omitida: las ganancias de las empresas energéticas. Aunque es una omisión que se repite en la abrumadora mayoría de los análisis sobre la relación entre subsidios y tarifas.

De esta forma, se parte de un supuesto muy extendido en el análisis de la actualidad económica. Como no se tiene acceso al mercado de deuda, ni a incrementar la emisión monetaria (por falta de Reservas y consecuencias inflacionarias), y la carga impositiva es “insoportable”, el Gobierno tiene las manos atadas para aumentar el gasto.

Las dos primeras fuentes de financiamiento citadas se encuentran cerradas, caso contrario tendríamos un agravamiento en los desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, modificar la estructura de los ingresos fiscales es rechazado en nombre de la “racionalidad” económica sin abrir ningún debate al respecto. 

Aunque en Argentina el esquema impositivo no esté en debate, si lo está en países que suelen usarse como referencia comparativa, particularmente con el objetivo de financiar el gasto social necesario para contrarrestar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, Bolsonaro acaba de incrementar la tasa para las operaciones de crédito para financiar el programa “Auxilio Brasil”.

Pero la discusión más audaz se está desarrollando en el Congreso de los Estados Unidos. La propuesta demócrata comprende elevar el impuesto a las corporaciones del actual 21% al 26,5%, y la carga sobre ganancias de capital del 20% al 25% (muy por debajo del 39,6% que esperaba el presidente). Otra de las iniciativas apunta a un impuesto del 3% para los estadounidenses más ricos que ganen más de 5 millones al año. En el mismo sentido, Biden anunció un “recorte histórico de impuestos para la clase media”.

La exhortación para que los ricos paguen “su justa parte de impuestos” apunta a financiar un ambicioso plan de infraestructura y políticas sociales, frente al abultado déficit fiscal y endeudamiento en niveles históricamente altos.

En Argentina hay mucho lugar para avanzar sobre cuestiones tributarias: la carga fiscal recae principalmente sobre las pymes y trabajadores, es regresiva (el IVA es el impuesto que más recauda) y por lo menos un 40% de la economía se maneja en la informalidad. La regresividad es tal que en Argentina ni siquiera existe un impuesto a la herencia, eliminado durante la última dictadura militar. Mientras tanto, son conocidas las maniobras de las grandes fortunas y corporaciones para evitar pagar “su justa parte”. 

Pese a este escenario favorable en el ámbito internacional, la reforma tributaria progresiva prometida por Guzmán en el primer período de su mandato quedó archivada. En un escenario tan corrido hacia la derecha, la policía de la “racionalidad” económica impide discutir los problemas estructurales. Mientras el Gobierno hace propia esta agenda, se condena a actuar defensivamente.