Las reservas del Banco Central sufrieron una fuerte caída en el último día de enero como consecuencia de la baja del 9% del metal precioso.

Por la caída del oro, hubo una fuerte pérdida de reservas del BCRA
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Las distribuidoras de gas de Buenos Aires pedirán en la próxima audiencia pública un aumento de gas de entre 33% y 43%, que correrían desde el 1° de abril.
Las boletas de gas ya tuvieron un ajuste promedio del 45% en diciembre en Buenos Aires. La suba en las boletas es por la reducción de subsidios estatales a la industria del gas. Las audiencias públicas arrancarán el próximo martes.
Tanto Metrogas y Gas BAN buscarán proponer una tarifa plana, para amortiguar el impacto del mayor consumo (otoño/invierno) en las boletas de menor demanda de gas (primavera/verano).
El pedido de aumento para las distribuidoras tocará nuevamente el bolsillo del consumidor. En un hogar que consume 56 metros cúbicos por mes pagaba $ 239 mensuales en abril de 2017. Desde diciembre, esa factura trepó a $ 370, lo que representa un 55% de aumento.
De aplicarse la recomposición que solicitan las empresas, del 43% para abril-octubre, ese mismo cliente pasaría a abonar casi $ 530 mensuales.
El 55% de los clientes de Buenos Aires se encuentra en las categorías R1 y R2, que son las de menor consumo. En esos segmentos, el ajuste solicitado será de 40% a 43%. Eso es porque las categorías de mayor consumo ya vienen pagando un precio más elevado que los hogares que menos gas demandan.
La devaluación del peso frente al dólar también encarecerá las tarifas. De todas formas, según el Gobierno y las empresas, los aumentos no alcanzarán para eliminar los subsidios. Eso recién sucederá el próximo año en casi todo el país.

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El documento fue firmado días antes del lanzamiento del token e incluía cláusulas de confidencialidad.
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También se adelantó que la actualización del expediente podría derivar en un agravamiento de las imputaciones.
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Los cambios fueron oficializados mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 en el Boletín Oficial.
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El pacto convertiría a la Argentina en un “tercer país” de acogida y se enmarca en la política migratoria de la administración actual.
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