La protesta de los prácticos tras el decreto de desregulación paralizó las exportaciones agrícolas y afectó el transporte de combustible.

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Antes de decidir el futuro judicial de Cristina Fernández, el juez Claudio Bonadio ordenó nuevas medidas de prueba en la causa Los Sauces.
Solicitadas por alguno de los imputados en sus indagatorias, pidió ampliar la declaración de un empleado del detenido empresario Lázaro Báez y dispuso ampliar el peritaje contable para saber cuánto dinero ganó la firma de la ex presidente año por año.
Según indicaron fuentes judiciales, el juez quiere que el Cuerpo de Peritos del Poder judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública amplíe el peritaje y establezca el porcentaje de ganancia por los alquileres percibidos por Los Sauces "año por año", diferenciados "en locales comerciales y de vivienda".
Si bien Bonadio le tomó declaración entre fines de febrero y principios de marzo a la ex presidenta Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia, al detenido Báez y al empresario Cristóbal López, aún no resolvió la situación procesal.

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