La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La intervención del sindicato de Canillitas generó un fuerte rechazo en el mundo gremial. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció la convocatoria a una movilización en repudio a lo que calificaron como una “intromisión en los asuntos intrasindicales” y por “el agravamiento de los índices de pobreza”.
El desplazamiento de Plaini de la conducción de su sindicato derivó a que la CATT, confederación que aglutina a los sindicatos del transporte, determine su postura “en defensa del Modelo Sindical, de la Libertad Sindical” y “la no intromisión en los asuntos intrasindicales”.
Al tiempo mismo tiempo, se expresó la disposición a movilizarse y aseguraron que, si bien, la intervención se trata de una decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, no dudan que “detrás de lo de Plaini está la mano del gobierno”.
COMUNICADO// La CATT aprobó una movilización de protesta. https://t.co/lTSKHQTPmF pic.twitter.com/HqQ4UcJHjn
— CATT - Prensa (@CATT_Prensa) 4 de julio de 2017
El encuentro sirvió también para evaluar la situación económica y por eso en el comunicado final sostuvieron que “el agravamiento de los índices de pobreza, la multiplicación de despidos en diversas ramas de producción, el intento de restringir el derecho de huelga por parte de legislaciones provinciales (hecho decididamente anticonstitucional), además de las declaraciones del gobierno sobre el colectivo sindical, adjudicándole prácticas mafiosas así como también haciéndolo responsable de la falta de competitividad, constituyen una falacia que pretende ocultar los verdaderos problemas del programa económico del gobierno”.
En ese marco, se decidió lanzar la convocatoria a una movilización que aun no tiene fecha definida. La CGT está invitada a sumarse pero la decisión se conocerá recién la próxima semana. En tanto, las dos CTA se inclinan más por un paro nacional. Las dos fechas tentativas: el 26 de julio o el 22 de agosto.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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