En el marco de la causa que investiga irregularidades en la licitación de compra del llamado "Plan Qunita", la Cámara de Casación procesó al ex ministro de Salud Juan Manzur y a otros 4 ex funcionarios de esa cartera.

De esta forma, se hizo lugar a un recurso presentado por el titular de Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que apeló el fallo en el que los imputados en la causa fueron sobreseídos.

Además del también actual gobernador de Tucumán, fueron procesados los integrantes del Servicio Jurídico de Salud Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Bonpland y Alelí Claudia Polar García.

De acuerdo a lo argumentado por el fiscal Rodríguez, está demostrado que la Licitación Pública N° 4/15 del Ministerio de Salud de la Nación tuvo como objetivo defraudar al Estado y que cada uno de los involucrados colaboró a este fin a pesar de la vigencia de su cargo y funciones.

Además, consideró que "el proceso licitatorio fue concebido con la clara e inequívoca intención de obtener un provecho espurio".

También puntualizó que los funcionarios del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud debieron advertir las irregularidades y dictaminado en contra del pliego aprobado por Manzur el 30 de enero de 2015, que violaba los artículos 37,46 y 47 del Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, "permitiendo la violación de la igualdad, concurrencia y transparencia, principios rectores de toda contratación del Estado".

A su vez, Rodríguez alega que "todo ellos ha ocurrido en el período en que Manzur era Ministro de Salud, razón por la cual corresponde se dicte su procesamiento al igual que los consortes de causa".

Coincidiendo con el planteo de la PIA, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento confirmado por la Cámara, y ahora el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11  procesó a los imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público dejándolos a un paso del juicio oral y público.