Tras las denuncias de aportantes falsos en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 y de que María Eugenia Vidal echara a la Contadora General de la Provincia por este motivo, el diputado Máximo Kirchner presentó su proyecto de regulación de financiamiento de los partidos.

El punto que más se destaca de la iniciativa del referente del Frente para la Victoria es que prohíbe aportes de las empresas, asi como también de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, y los integrantes del Consejo de la Magistratura.

Tampoco se permiten donantes anónimos ni extranjeros que no residan en el país.

Por otro lado, la propuesta del legislador contempla la regulación del financiamiento de la publicidad en Internet, un vacío legal en la normativa vigente y plantea que en los días de votación, el transporte público urbano e interurbano sea gratis.

En una de las secciones, el hijo de los ex presidentes coincide con la idea de la gobernadora bonaerense de bancarizar los aportes de campaña, ya sean del Estado como de particulares.

Cada partido deberá abrir en el Banco Nación u otra entidad bancaria oficial una cuenta corriente en la que "ingresarán todos los aportes del Estado y de las personas físicas, y será el medio de cancelación de deudas y erogaciones de campaña".

También modifica la distribución de los recursos del Fondo Partido Permanente, la que, de acuerdo al proyecto del fundador de La Cámpora, repartirá equitativamente el 30% entre los partidos reconocidos y el 70% restante se entregará "en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales".

Asimismo se propone un aumento en los montos que el Estado aporta para la impresión de la boleta papel, principalmente cuando se trate de una segunda vuelta presidencial "dado el escaso tiempo para recaudar fondos con que cuentan los partidos políticos en esa instancia electoral".

Finalmente, la normativa crea una Comisión Bicameral Electoral en el Congreso dedicada al seguimiento de los partidos en cuanto a transparencia del financiamiento durante la campaña, función que también cumple la Cámara Nacional Electoral.