Integrantes del colectivo por la Restitución de los Derechos de los Sobrevivientes del Próvolo dstacaron que el juicio iniciado hoy en Mendoza "tiene valía internacional para todos los sobrevivientes de diversos lugares del mundo que reclaman verdad y justicia contra curas y monjas que en diversas instituciones eclesiásticas han cometido abuso sistemático contra niños, niñas y adolescentes". 

• En total son 14 acusados (13 imputados y un condenado) y más de 20 víctimas que declararon en estos casi tres años.
• En el banquillo hay dos sacerdotes, imputados por abusos a chicos hipoacúsicos.

Los familiares recordaron que la denuncia que ahora llegó a juicio oral "fue negada por las autoridades del Instituto Próvolo, pero lo más grave es que fue olvidada por la justicia que no investigó el caso".

"Los silencios y ocultamientos institucionales, la complicidad de los que allí trabajaban, la falta de control por parte de la Dirección General de Escuelas, permitieron que estos terribles hechos siguieran sucediendo", lamentaron.

Los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el ex administrativo y jardinero Armando Gómez (49, quien tiene una discapacidad auditiva) suman 28 hechos de abusos sexuales y corrupción de menores, divididos en 16 por los que se acusa a Corbacho, seis contra Corradi y otros seis contra Gómez.

La causa tuvo cinco acusados, si se incluye al ex monaguillo ya condenado y a otro ex administrativo que fue declarado inimputable. Los imputados arriesgan penas de hasta 50 años de prisión.

En el caso específico del cura Nicola Corradi, desde el colectivo de familiares, indicaron que "no es un hecho aislado ya que comenzó en el Instituto Próvolo de Verona, en Italia, donde abusó sexualmente a niños y niñas. Encubierto por la iglesia católica fue trasladado, junto con otros curas abusadores a Buenos Aires, al Instituto Próvolo de La Plata y luego a Mendoza, donde volvió a cometer los mismos crímenes".

"A pesar de las denuncias realizadas en Italia, el poder judicial de aquel país ha declarado la prescripción de estos abominables crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes sordos", agregaron.

En en proceso de Instrucción que llevo dos años y medio, también criticaron como “la Iglesia Católica ha sostenido económicamente la defensa Kumiko Kosaka (imputada con prisión domiciliaria a la espera de una segunda etapa del juicio) y cómo esta misma defensa ha intentado menoscabar el accionar de los intérpretes de lengua de señas con la firme intención de deslegitimar denuncias testimoniales de sobrevivientes de este instituto”.