Temer no tiene paz. En medio de una denuncia por corrupción en su contra, que la Cámara de Diputados finalmente votará la primera semana de agosto, el presidente de Brasil se encuentra envuelto en otro escándalo: la actividad económica se redujo notablemente en mayo.

Según el Índice de Actividad Económica del Banco Central, de abril a mayo la producción de manufacturas y servicios se contrajo el 0,51%. Se trató de la mayor caída desde agosto de 2016 y era un dato que no esperaban los principales especialistas del mercado. 

El desarrollo de la crisis política, a partir del 17 de mayo cuando estalló un nuevo escándalo de corrupción tuvo un fuerte impacto en la economía brasileña: en enero, la actividad económica creció el 0,51%; en febrero se disparó el 1,35%; en marzo cayó el 0,46%; en abril volvió a subir el 0,15%, y en mayo se dio el nuevo traspié que refuerza la idea de que la recuperación tendrá altibajos en tanto no haya un panorama político sólido.

El canciller argentino, Jorge Faurie, descartó que la aguda crisis política que enfrenta Brasil pueda afectar el funcionamiento del bloque. Aunque declinó opinar sobre la crisis desatada por una denuncia por presunta corrupción contra Temer, el ministro argentino señaló que tanto el Gobierno de Mauricio Macri como el propio Mercosur apuestan en la solidez institucional de Brasil.

"Confiamos plenamente en todos los mecanismos institucionales de Brasil", dijo Faurie, quien apuntó que el hecho de que el Gobierno de Temer asuma la presidencia semestral del bloque el próximo 21 de julio tampoco supondrá un problema para el Mercosur, que también integran Uruguay y Paraguay, con Venezuela suspendida y "cesada de derechos".

El gobierno brasileño se sigue sometiendo a noticias negativas que profundizan el desgaste del presidente Temer, que tiene apenas un 7% de popularidad según las últimas encuestas. 

El próximo 2 de agosto la Cámara de Diputados tendrá que votar si acepta que la Corte Suprema investigue a Temer o rechaza esa eventualidad. Si se concreta la autorización, implicaría en un inmediato alejamiento del presidente brasileño, quien se vería obligado a dejar el cargo durante 6 meses, tiempo en que la justicia deberá decidir si es inocente o culpable.