Con el propósito de no paralizar la obra pública, el Gobierno público hoy en el Boletín Oficial, un paquete de medidas para aquellas empresas vinculadas a la administración kirchnerista. 

En concreto, los lineamientos suponen que las compañías no quedarán excluidas ni perderán los contratos vigentes. 

La administración Cambiemos tendrá como propósito que las empresas en cuestión paguen un resarcimiento económico y adscriban a los códigos de buena conducta para así permanecer en las licitaciones de obras públicas.

De igual manera, se buscará avanzar sobre aquellos accionistas que figuran directamente involucrados en los "cuadernos de la corrupción".

Esta medida buscará ser implementada desde lo normativo, tomando la desvinculación de quienes estén ligados a esta causa, como un punto necesario al momento de formar parte de los proyectos de participación público-privada (PPP). 

Desde la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso, señalan que si bien los lineamientos de la ley de responsabilidad empresarial no son obligatorios, sí son un incentivo para cumplir de manera efectiva el Programa. Sostuvo Alonso:

"Si como empresario no querés que un fiscal o un arrepentido te denuncie el día de mañana, sería conveniente adoptar una política de prevención anticorrupción dentro de tu propia empresa"