La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la "inmediata detención" del empresario Cristóbal López y de su socio Fabián De Sousa. Además, dispusieron recaratular la causa en su contra por la falta del pago de 8.000 millones de pesos en impuestos al expendio de combustibles.

De esta manera, el expediente pasó nuevamente a ser "defraudación a la administración pública", tal como había reclamado la Fiscalía el jueves 26 de abril y la AFIP, luego de apelar el fallo de la Cámara Federal.

López y De Sousa habían sido liberados el pasado 16 de marzo por la Sala I de la Cámara Federal gracias a los votos de Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Los dos jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.

Por ello, los magistrados Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi decidieron revertir la excarcelación al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, refiriéndose a posible entorpecimiento de la causa. Así, restituyeron la carátula a defraudación contra la administración pública.

En un principio, el juez federal Julián Ercolini había ordenado su detención de manera preventiva al considerar que los empresarios habían intentado desprenderse de activos mientras se tramitaba la investigación y burlar así la inhibición de bienes.

Por otra parte, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el allanamiento de las oficinas de la ex Indalo -hoy denominada Grupo Ceibo-, así como la de sus nuevos dueños, Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre Balestra.

Se debe a la causa por la cual se sospecha que Cristóbal López intentó pasar por alto la inhibición general de bienes y vender su empresa.