Distintos organismos y referentes de Derechos Humanos firmaron un comunicado dirigido a las y los legisladores solicitando la urgente sanción del proyecto que busca la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, junto al Plan de los 1000 días.

¿La razón? "En lo profundo es el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, pero también es un tema esencial para el derecho a la salud garantizar a quienes no puedan ni deseen llevar adelante el embarazo, su atención en el sistema de salud pública o privado, de manera gratuita y eficaz", asegura el texto.

Además insistieron en un punto: "Queremos destacar que las leyes propuestas no obligan a nadie, muy por el contrario, garantizan el derecho a elegir, que no invade ni afecta las creencias personales, todas ellas dignas del mayor respeto y consideración"

A su vez, en cuanto al Plan de los 100 días, que funcionaría de manera complementaria, consideraron que "constituye un avance importante en el sentido de ampliar los derechos de las mujeres y personas gestantes que deseen llevar adelante su embarazo otorgándoles prestaciones adicionales tanto económicas como alimentarias y en el cuidado integral de la salud, tanto durante el embarazo como hasta alcanzar tres años de edad de les niñes".

Hacia el final del documento, quienes firman destacaron la relevancia de "legislar para el conjunto de la sociedad, sin inclinarse por favorecer a algún credo o inclinación sectorial" y con el objetivo de "evitar muertes de mujeres, de todas las personas gestantes y el sufrimiento de las niñas y sus familias".

"Por ello vemos como de absoluta necesidad la pronta sanción de los proyectos en trámite sobre Interrupción voluntaria del embarazo", culminaron.

Las referentes y organizaciones firmantes son Taty Almeyda, Vera Jarach, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, la Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los derechos humanos La Matanza e Hijos Capital.