"Vení a defender el humedal de la Costanera Sur. Más reserva ecológica y menos torres", señala la convocatoria que invita para hoy a las 16 a concentrarse en la avenida España y la avenida Elvira Rawson de Dellepiane.

La iniciativa es organizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría del Laburante.

Esta semana, el oficialismo porteño -representado en la Legislatura local por el bloque Vamos Juntos (VJ)- pidió que, por una "decisión política", el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir edificios en la Costanera Sur quede "reservado" para una discusión posterior, aunque estaba incluido en el temario de la sesión del jueves.

El convenio busca modificar las normas urbanísticas del predio, que tiene 71 hectáreas y está ubicado frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno.

Dicho acuerdo autoriza el desarrollo inmobiliario del IRSA que prevé la construcción de edificios de hasta 45 pisos. Para el Observatorio del Derecho a la Ciudad, organización dirigida por el abogado Jonatan Baldiviezo, el proyecto inmobiliario de IRSA va en contra de la Constitución local, la cual ordena que se deben "preservar e incrementar" los espacios verdes en la ribera porteña, debido a su importancia para la calidad del medioambiente.

En tanto, María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, explicó a Télam la propuesta de las ONG que contrarresta el proyecto urbanístico a fin de crear una reserva ecológica en el lugar.

"El proyecto 'Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II-Nuestro Río' no sólo pone en valor la importancia estratégica de recuperar el borde costero para mitigar ascensos del nivel de río, preservar los humedales y generar bio corredores que permitan la ventilación y el acceso de brizas desde la costa; sino que nos permite luego de casi 30 años recuperar estas 71 hectáreas de tierras públicas que estaban destinadas a un espacio recreativo", indicó. 

En tanto, Alejo Caivano, abogado de La Defensoría de Laburantes, otra de las organizaciones impulsoras del proyecto de ley, analizó: "Tenemos que respetar el mandato constitucional de que toda la Costanera sea pública destinada a grandes parques y biocorredores". "Puerto Madero es una tragedia urbana para nuestra ciudad. Podríamos tener una reserva mucho más grande y más parques en una ciudad con pocos espacios verdes", dijo.

Los terrenos sobre los cuales gira el conflicto fueron propiedad del Estado Nacional hasta que en la década de 1960 fueron donadas al club Boca Juniors, a fin de que allí se construya un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados.

Sin embargo, en 1997, IRSA adquirió esos terrenos por 50 millones de dólares.