A casi dos años de la muerte de la periodista y legisladora Débora Pérez Volpin, su familia continúa exigiendo Justicia en su memoria. El 6 de febrero asistía a realizarse una endoscopía al Sanatorio de la Trinidad, estudio que terminó con su vida por mala praxis.

En las últimas horas, el abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota, realizó el pedido de indagatoria a para los directores Eduardo Cavallo y Roberto Martingano, Sebastián Alfredo Cecchi Gallo (quien limpió el endoscopio utilizado), la médica Miriam Eliana Frías (la única testigo que estuvo en el quirófano junto a Bialolenkier y Nélida Puente, la anestesista absuelta en juicio), Claudia Esther Balceda (quien atendió a los efectivos policiales cuando se dispuso el allanamiento en el Sanatorio), así como también a otros empleados del lugar que estuvieron involucrados en la muerte de la periodista.

Por el caso, el endoscopista Diego Bialolenkier recibió la condena de de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de siete años para ejercer la profesión.

La familia de Pérez Volpin considera que existe una "trama de encubrimiento", debido a que se registraron algunas irregularidades como que el endoscopio utilizado no sería el mismo que se entregó a la Justicia en el marco del allanamiento que se llevó a cabo en el Sanatorio tres días más tarde. De acuerdo a la querella, el número de serie del procesador del endoscopio estaba limado.

Por otro lado, la familia señala que al informe que las autoridades de la clínica entregaron a la Justicia le faltaban gran cantidad de páginas, en comparación con el que fue presentado de forma completa a los directivos del Sanatorio.

Junto con el pedido de indagatorias, la querella pidió varias medidas de prueba, entre ellas que la Dirección General de Aduanas (DGA) informe sobre la existencia de registros de importación del equipo endoscópico que se investiga.