La idea inicialmente promovida por tres partidos de derecha de impulsar la vacancia o destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, tomó forma en las últimas jornadas a través de una moción presentada en el Congreso.

En concreto, los espacios opositores de Fuerza Popular (FP), Avanza País y Renovación Popular (RP), con un total de 43 de 130 congresistas, superaron sin problema las 26 firmas para poner el tema en agenda.

El paso que ahora continúa ganando firmas tiene que ver con la tarea de conseguir los 52 votos para que el proceso continúe y, sobre todo, llegar a los 87 requeridos para enviar a Castillo a casa.

El presidente Castillo reaccionó poco después de enterarse de esta solicitud, pidiendo al Congreso que deje a un lado esa "confrontación inútil" que tanto daña al país y pidió a todas las fuerzas políticas sentarse "a conversar".

El oficialismo, nucleado en el espacio Perú Libre y no exento de tensiones, tiene un total de 37 congresistas y su aliado, Juntos por Perú, 5. 

Así, hay 88 parlamentarios no oficialistas, cuando para la vacancia se necesitan 87 votos. Con solo dos no oficialistas que no apoyen, la moción será derrotada. Y basta decir que APP y AP, que suman 30 representantes, están en contra.

Así las cosas, se estima que el próximo martes 7 de diciembre tendrá lugar el debate en el Congreso que definirá la suerte política de quien asumiera funciones el pasado 28 de julio, en el marco del bicentenario del país andino. 

El pleno deberá decidir si admite a debate o no la moción de vacancia y para esto se necesita el voto de 52 congresistas. 

Desde la presentación inicial, lo cierto es que al menos desde lo declarativo ha habido un aumento de los votos de los parlamentarios el cual se registró después de que se conocieron las reuniones que sostuvo el jefe de Estado en el inmueble ubicado en Breña.

Castillo sumó otra cuestión de preocupación con el pedido de la Defensoría del Pueblo para que explique posibles reuniones del mandatario en una casa particular, denunciadas por un ciclo de TV, que "revelarían la existencia de un despacho presidencial paralelo", una exigencia a la que se plegaron la primera ministra, Mirtha Vásquez, y el antecesor de esta, Guido Bellido.

En su cuenta de Twitter, la Defensoría señaló que su titular, Walter Gutiérrez, solicitó a Castillo esclarecer estos irregulares actos que "revelarían la existencia de un despacho presidencial paralelo" y reseñó que todos los funcionarios con cargos de relevancia "tienen el deber legal de reunirse en instalaciones oficiales, con agenda pública".